Una nueva Directiva amplía el número de conductas delictivas de nueve a veinte e incluye una cláusula similar al ecocidio. Para las empresas, las multas serán de hasta 40 millones de euros para las infracciones más graves y hasta 10 años de prisión.
La nueva directiva sustituye a la ley anterior, la de 2008, y amplía el número de conductas consideradas delito de este tipo de nueve a veinte. Entre los nuevos delitos figuran el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos. Ellas se suman a otros delitos que ya figuraban en la lista como los vertidos procedentes de buques, las talas ilegales y la introducción o comercialización de especies invasora.
Además, la ley introduce una cláusula de “delito cualificado“, similar al ecocidio, que se aplicará cuando un delito contemplado en la directiva se comete intencionadamente y cause la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero.
Por otro lado, las sanciones dependerán, claramente, de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. La pena máxima de prisión por delitos cualificados será de al menos ocho años. Para el resto de delitos, la pena de prisión llega hasta los cinco años. No obstante, los delitos intencionados que causen la muerte de una persona se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos diez años, aunque los Estados miembro podrán decidir establecer penas aún más duras en su legislación nacional.
Cuando la responsabilidad del delito la tenga alguna empresa, también se contemplarán multas, que serán de al menos el 5% de su facturación mundial anual para las infracciones más graves o, alternativamente, 40 millones de euros. Para todas las demás infracciones, la multa máxima será de al menos el 3% del volumen de negocios o, alternativamente, 24 millones de euros.
Según datos del Consejo Europeo, el crimen medioambiental es la tercera mayor actividad criminal en el mundo y crece entre un 5 y un 7% cada año, con pérdidas de entre 1.100 y 2.810 millones de dólares anuales. Entre 2018 y 2021, hubo 829 personas detenidas en la Unión Europea por cometer este tipo de
delitos.
